El capítulo III, intitulado "La extradición y el derecho internacional privado", está dedicado al estudio de los puntos de conexión existentes entre la figura de la extradición y diversas ramas del derecho como el constitucional, penal, administrativo, internacional público e internacional privado. Es precisamente en el derecho internacional privado (DIPr) en el que la autora enfoca la mayor parte de su análisis. Se parte del argumento de que el problema central radica en la persona del extraditurus, quien por regla typical goza de una nacionalidad que lo vincula con un ordenamiento jurídico nacional determinado, y que puede entrar en colisión o conflicto de leyes o de competencia judicial al momento de que dicho individuo es reclamado por un ordenamiento jurídico extranjero.
La falta de tratado de extradición dificulta la lucha contra el crimen transnacional, ya que los delincuentes pueden escapar de la justicia al refugiarse en países que no tienen acuerdos de extradición con otros países.
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Una vez recibida la solicitud, el gobierno mexicano revisa la información y determina si cumple con los requisitos necesarios para proceder con la extradición. Si se considera que la solicitud es válida, se inicia el proceso judicial de extradición.
A la par de los artilugios jurídicos a los que pueden recurrir tanto los Estados como los propios individuos reclamados para conseguir o evitar la extradición, existen prácticas extrajurídicas ampliamente utilizadas por los gobiernos para allegarse de manera rápida de los individuos reclamados; tales prácticas son la entrega informal y el secuestro transfronterizo. En el primer caso, los Estados acuerdan la entrega o intercambio de delincuentes al margen del ordenamiento jurídico aplicable.
Además, es importante destacar que la extradición no se concede si la persona buscada ha sido juzgada y absuelta por el delito por el cual se le acusa o se le ha condenado. De igual manera, si la persona buscada ya ha cumplido su condena por el delito, no se puede conceder la extradición.
Además, una condena por tráfico de drogas puede tener graves consecuencias para la vida particular y profesional de una persona. Es por eso que es esencial contar con un abogado especializado en tráfico de drogas en Italia en caso de ser acusado de este delito.
Para que se pueda llevar a cabo una extradición en Extradición México Francia México, deben cumplirse una serie de requisitos, como los siguientes: Que la persona solicitada se encuentre en el territorio mexicano
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Que exista un tratado de extradición o una convención internacional en la que ambos países sean signatarios
Dicha interpretación es de gran importancia para el derecho internacional en standard, y para la extradición en certain, ya que coadyuva a la uniformidad de las normas que regulan la extradición, las cuales, en esencia son de origen internacional y convencional.
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Finalmente, en una tercera parte del capítulo segundo, la autora aborda el tema de la extradición de nacionales; tópico sumamente debatido en el que navigate here existen dos posiciones predominantes: la de los países de tradición jurídica anglosajona o Frequent Regulation, que permiten la extradición de nacionales y la de los países de extracción jurídica romano–germánica o Civil Legislation que, por largo tiempo, han rechazado la posibilidad de extraditar a sus nacionales. Estas posiciones encontradas han sido una de las principales razones para que no se haya llegado a una verdadera uniformidad en las normas que regulan la extradición.
Con foundation en esta concept central, la autora se sumerge en el estudio de la extradición a través de cinco grandes capítulos que abordan la difícil tarea de crear leyes modelo de extradición que reúnan las principales tradiciones jurídicas en la materia, y permitan una armonía plena entre los tratados internacionales, el derecho interno de los Estados, y el respeto de las garantías individuales del sujeto reclamado.
Además, es elementary que los gobiernos de México y Francia trabajen juntos para garantizar que se cumplan todos los requisitos legales y que se protejan los derechos de las personas buscadas y de sus familias.